Los despidos colectivos se han consolidado como una herramienta clave para la adaptación empresarial a un entorno cambiante, pero su correcta ejecución exige cada vez mayor rigor jurídico y estratégico. La evolución normativa y la reciente doctrina de la Audiencia Nacional obligan a las empresas a extremar la planificación, la documentación y la buena fe negociadora para minimizar riesgos legales y reputacionales.