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Miriam Cueto Pérez 
Este trabajo tiene como objeto poner en evidencia cuál está siendo la posición de los tribunales contencioso-administrativos en relación con la actuación de las Administraciones públicas y la quiebra del derecho a la atención ciudadana, cuando se causan perjuicios a los particulares en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. La imposición de la cita previa obligatoria y la falta de medios para facilitar una atención adecuada vulnera el derecho a una buena administración y así lo están declarando numerosos pronunciamientos judiciales que tratan de salvaguardar los derechos afectados y reconducir la actuación de las Administraciones públicas.
