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Una vez más, el Tribunal Supremo debe examinar si en el supuesto litigioso concurren las características determinantes de la cesión ilegal de trabajadores o las propias de la descentralización productiva lícita. El elemento más controvertido en esta ocasión es cuál de las dos empresas ejerce en realidad el poder de dirección; y para ello es preciso trazar el límite entre las indicaciones que una empresa principal puede dar a los trabajadores de la contratista para controlar la calidad del servicio y el ejercicio de las funciones inherentes a la condición de empresario laboral.
Once again, the Supreme Court must examine whether, in the disputed case, the defining characteristics of the illegal supply of workers are present or, instead, those of lawful productive decentralization. The most controversial element on this occasion is which of the two companies actually exercises managerial authority; to that end, it is necessary to draw the line between the instructions that a principal company may give to the contractor´s workers in order to monitor service quality and the exercise of the functions inherent in the status of an employer under labor law.
