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Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional supone un avance relevante en la protección de los derechos de las personas trabajadoras. El Alto Tribunal extiende el alcance del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a las reclamaciones formuladas ante la representación legal de las personas trabajadoras, calificando como nulas de pleno derecho las decisiones empresariales adoptadas en represalia por dichas actuaciones. Este pronunciamiento obliga a las empresas a extremar la justificación de cualquier medida que afecte a quienes hayan ejercitado este tipo de reclamaciones.
