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Este artículo aborda los desafíos que plantea la Directiva 2018/822/UE en relación con la protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes, en particular el derecho a la vida privada y a un proceso justo, frente a las obligaciones de información impuestas a los intermediarios fiscales. La directiva, adoptada en el contexto de la lucha contra la planificación fiscal considerada «agresiva», impone nuevas cargas a profesionales como abogados y asesores fiscales, generando una profunda tensión entre las exigencias de transparencia y el respeto a garantías esenciales en un Estado de derecho. El estudio analiza, desde una perspectiva crítica, los efectos de esta normativa sobre la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente y la posición ambigua del asesor fiscal, cuya actividad carece de regulación específica en España. A partir de la jurisprudencia del TJUE y del análisis de la transposición al ordenamiento español, se defiende la necesidad de reabrir el debate público sobre la configuración legal de la profesión del asesor fiscal, como vía para reforzar la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos de los obligados tributarios.
This article analyzes the challenges posed by Directive 2018/822/EU in relation to the protection of taxpayers' fundamental rights, in particular the right to privacy and to a due process, in the face of reporting obligations imposed on tax intermediaries. The directive, adopted in the context of the fight against "aggressive" tax planning, imposes new burdens on professionals such as lawyers and tax advisors, creating a deep tension between the requirements of transparency and the respect of essential guarantees by the rule of law. The study analyzes, from a critical perspective, the effects of this piece of legislation on the confidentiality of lawyer-client communications and the ambiguous position of the tax advisor, whose activity lacks specific regulation in Spain. Based on the case law of the CJEU and the analysis of the transposition into Spanish law, it argues the need to reopen the public debate on the legal configuration of the tax advisor's profession, to reinforce legal certainty and the effective protection of the rights of taxpayers
