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La Directiva 2018/822/UE, más conocida como DAC-6, estableció normas de revelación obligatoria de estructuras de planificación fiscal que en algunos casos pudieran constituir una planificación fiscal agresiva. La validez de las disposiciones de esta Directiva, como norma de derecho secundario de la Unión que es, debe ser enjuiciada a la luz de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En su reciente sentencia de 8 de diciembre de 2022 (asunto 694-20), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha declarado la invalidez de la obligación que se imponía a los abogados dispensados por secreto profesional de comunicar a la Administración tributaria de notificar a otros intermediarios que no fueran su cliente la existencia de la obligación de comunicación. Sin perjuicio de las consecuencias directas que este pronunciamiento puede tener en la normativa española, este pronunciamiento no resuelve todas las dudas de validez que plantea esta Directiva y de las que este trabajo pretende ofrecer una primera aproximación.
Council Directive (EU) 2018/822, also known as DAC-6, established rules for mandatory disclosure of tax planning structures that, in some cases, may be considered aggressive tax planning. The validity of the provisions of this Directive as secondary law of the EU, must be analysed in the light of the treaties and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The recent judgment of the Court of Justice of the European Union of 8 December 2022 (case 694-20) declared the invalidity of the obligation imposed on lawyers exempt by professional secrecy from notifying intermediaries other than their client of the need to report. Leaving aside the direct consequences that this may have in Spanish legislation, this judgment does not resolve all the uncertainties relating to validity raised by this Directive. The purpose of this article is to shed some light on them.
