Leioa, España
Este trabajo contiene un comentario crítico de la STC 137/2025, de 26 de ju-nio, sobre la ley de amnistía. El trabajo expone como la sentencia no da respuestas mínimamente consistentes a las objeciones planteadas por los recurrentes y se limita a validar la constitucionalidad de la ley, sorteando aquellas. Ante la carencia absoluta de ende encaje constitucional de la ley, el Tribunal recupera el viejo principio de soberanía parlamentaria que es incompatible con la Constitución normativa y, de esa forma, convalida una reforma fraudulenta de la Constitución. El Tribunal atribuye al Parla-mento una posición de supremacía sobre el poder constituyente y lo habilita para ejercer cualquier potestad, aunque no se le haya expresamente atribuido y aunque revista carácter excepcionalvde encaje constitucional de la ley, el Tribunal recupera el viejo principio de soberanía parlamentaria que es incompatible con la Constitución normativa y, de esa forma, convalida una reforma fraudulenta de la Constitución. El Tribunal atribuye al Parla-mento una posición de supremacía sobre el poder constituyente y lo habilita para ejercer cualquier potestad, aunque no se le haya expresamente atribuido y aunque revista carácter excepcionalcaje constitucional de la ley, el Tribunal recupera el viejo principio de soberanía parlamentaria que es incompatible con la Constitución normativa y, de esa forma, convalida una reforma fraudulenta de la Constitución. El Tribunal atribuye al Parla-mento una posición de supremacía sobre el poder constituyente y lo habilita para ejercer cualquier potestad, aunque no se le haya expresamente atribuido y aunque revista carácter excepcional
This paper contains a critical commentary on STC 137/2025, of June 26, on the amnesty law. The paper exposes how the judgment fails to provide minimally consistent responses to the objections raised by the appellants and merely validates the constitutionality of the law, circumventing them. Given the law’s absolute lack of constitutional validity, the Court restores the old principle of parliamentary sover-eignty, which is incompatible with the normative Constitution, and thus validates a fraudulent reform of the Constitution. The Court attributes to Parliament a position of supremacy over the Constituent Power and empowers it to exercise any power, even if it has not been expressly attributed to it and even if they are exceptional