La entrada en vigor de la Ley 8/2021 supuso una profunda transformación del Derecho privado español al establecer un nuevo sistema de apoyos para garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, conforme a los principios de la Convención de Naciones Unidas. Este trabajo analiza, tras unos años de aplicación de la Ley, los límites a la autonomía de la voluntad en la determinación de dichas medidas de apoyo y reflexiona sobre el impacto de esta reforma en la imputabilidad civil. Se examina cómo el nuevo paradigma de igualdad jurídica y fomento de la autonomía personal incide en la responsabilidad extracontractual por daños no constitutivos de delito, tanto de las personas con discapacidad como de quienes les prestan apoyo, planteando la necesidad de reinterpretar los criterios tradicionales de atribución de responsabilidad civil en este contexto.