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Carmen Domínguez Aguilar
El artículo analiza las consecuencias jurídicas de las sentencias que anulan licencias urbanísticas. La doctrina del Tribunal Supremo determina que la nulidad comporta necesariamente la demolición de lo construido y el restablecimiento de la realidad física alterada, debiendo la Administración ejecutar el fallo en el plazo de dos meses. En la práctica, este plazo raramente se cumple debido a la complejidad social y económica de estas situaciones.
