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El artículo analiza las consecuencias jurídicas de las sentencias que anulan licencias urbanísticas. La doctrina del Tribunal Supremo determina que la nulidad comporta necesariamente la demolición de lo construido y el restablecimiento de la realidad física alterada, debiendo la Administración ejecutar el fallo en el plazo de dos meses. En la práctica, este plazo raramente se cumple debido a la complejidad social y económica de estas situaciones.
