El Congreso ha aprobado una proposición de ley para calificar la falta de cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad como una infracción muy grave, aumentando las sanciones y prohibiendo a empresas infractoras acceder a contratos públicos. Sin embargo, más allá de las sanciones, la contratación de las personas con discapacidad debe ser vista como una oportunidad estratégica, ya que mejora la innovación, productividad y reputación empresarial.