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La no aprobación del Proyecto de Ley sobre la reducción de la jornada laboral en España reabre el debate sobre la conveniencia de legislar uniformemente en un mercado laboral diverso y globalizado. Esta propuesta, que buscaba bajar la jornada laboral a 37.5 horas, enfrenta resistencias por sus posibles impactos en competitividad y economía, especialmente en sectores sensibles como las pymes. Además, la normativa contemplaba endurecer controles sobre el registro de jornada, lo que podría fomentar el presentismo y deteriorar la confianza. La discusión sugiere que enfoques flexibles y adaptados, como la negociación colectiva y el teletrabajo, podrían ser más efectivos que imponer límites fijos.
