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En la discusión penal y penitenciaria no es usual recurrir a argumentos económicos demasiado dilatados, primando generalmente la óptica jurídica y/o criminológica sobre estas cuestiones. Sin embargo, el argumentario económico tiene seguramente un papel trascendente en la configuración de las políticas públicas. Este trabajo pretende seguir esta senda, concretamente, ensayando una reflexión principalmente económica sobre las posibilidades de expandir el uso del régimen abierto. Sobre la base de una serie de premisas hipotéticas, se elabora un modelo básico de gasto penitenciario sobre el que se efectúan una serie de proyecciones. Los resultados sugieren las notables ventajas económicas de un cambio moderado de nuestro modelo de ejecución de penas. Más importante que esto es, sin embargo, observar que este tipo de cambios no han de desalentar, sino más bien reforzar, el esfuerzo de humanización y racionalización penal compartido por la doctrina.
