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Giulia Camilletti
Este artículo ofrece un análisis comparativo de los enfoques jurídicos y judiciales adoptados en Italia y España en relación con la gestación por sustitución. A pesar de la prohibición expresa de esta práctica en ambos ordenamientos, el estudio se centra en la compleja cuestión del reconocimiento y la protección del vínculo de filiación una vez producido el nacimiento del menor. A través del examen de la legislación, la jurisprudencia y los principios constitucionales, el artículo pone de relieve cómo los dos países intentan conciliar la prohibición de la gestación por sustitución con la necesidad imperiosa de salvaguardar el interés superior del menor. En particular, se analiza de qué manera los tribunales y los legisladores contemplan la adopción como mecanismo alternativo al reconocimiento de certificados de nacimiento extranjeros emitidos en el marco de acuerdos de gestación por sustitución. Sin embargo, el proceso adoptivo no siempre garantiza una protección rápida y efectiva de los derechos del menor de edad y de su vida familiar, lo que plantea dudas sobre su idoneidad para satisfacer las necesidades inmediatas del niño y proporcionar la debida seguridad jurídica.
This article provides a comparative analysis of the legal and judicial approaches to surrogacy in Italy and Spain. Despite the express prohibition of surrogacy in both legal systems, the study focuses on the complex issue of recognizing and protecting the parent-child relationship once the child has been born. Through an examination of legislation, case law, and constitutional principles, the article highlights how each country seeks to reconcile the ban on surrogacy with the imperative to safeguard the best interests of the child. In particular, it explores how courts and legislators consider adoption as an alternative remedy to the recognition of foreign birth certificates resulting from surrogacy arrangements. However, the adoption process does not always ensure a prompt and effective protection of the child’s rights and family life, raising concerns about its adequacy in serving the child’s immediate needs and legal certainty.
