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El Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobado por el Gobierno a finales de 2024, busca fomentar la reindustrialización y fortalecer la economía frente a disrupciones globales. Este marco normativo establece procesos detallados para notificar y gestionar el cierre o reducción de centros de trabajo con un preaviso de nueve meses. Durante ese tiempo, se evaluarán alternativas de reindustrialización para mantener la actividad. Las empresas que se trasladen fuera de la UE podrían verse obligadas a devolver ayudas públicas recibidas en los cuatro años anteriores, aunque existen excepciones para fusiones o procedimientos concursales. El proyecto incluye sanciones de hasta 118 millones de euros por infracciones graves. Este artículo explica cómo las empresas se deben planificar estratégicamente, vigilando el cumplimiento de normativas y documentando sus decisiones para evitar sanciones y reintegros.
