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La indemnización por despido improcedente en España está generando un profundo debate sobre su adecuación, impulsado por un fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales de 2024 contra España. Este cuestionó si las indemnizaciones actuales son suficientes. Los artículos 10 y 24 de normativas internacionales exigen indemnizaciones adecuadas, pero no especifican un modelo fijo, destacando una obligación de resultado que el legislador español debe abordar. La falta de respuesta del legislador ha dejado a los tribunales en la posición de armonizar esta cuestión, pero los pronunciamientos judiciales varían y generan inseguridad jurídica. Aunque el Tribunal Supremo defendió el sistema español en 2024, reafirmando que las indemnizaciones tasadas son adecuadas y uniformes, el problema de adecuación en casos específicos permanece sin solución definitiva, lo que revela la necesidad de que el legislativo aborde el conflicto con las disposiciones internacionales.
