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Travé Valls, Adriana
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Ciudad Real, España
Este artículo realiza una propuesta de reforma del sistema español de control de constitucionalidad, partiendo del análisis de algunos presupuestos actuales. Existen ya ciertos elementos de control difuso, que la doctrina ha analizado, y que parecen hacer inviable la consideración de nuestro sistema como propiamente concentrado. Además, el contexto del control de europeidad, de base mucho más difusa, provoca incoherencias en un control de constitucionalidad que pretendiera mantenerse esencialmente concentrado. Por añadidura, los estudios más recientes ponen de relieve que la interpretación conforme, que es indudablemente una misión insoslayable del Poder Judicial ordinario, no deja de ser en el fondo una parte inescindible del control de constitucionalidad, por lo que tiene de inaplicación de normas eventualmente derivadas de una disposición legal. Por todo ello, parece más coherente llevar a cabo una reforma constitucional y legal que dé carta de naturaleza a la posibilidad de los jueces de inaplicar toda ley inconstitucional, implantando una especie de «control difuso orientado», que mantenga al tiempo la función de control del Tribunal Constitucional a través de la cuestión de inconstitucionalidad en ciertos supuestos, y en el contexto de otras vías incidentales de control y diálogo entre tribunales.
This article proposes a reform of the Spanish system of constitutional review, based on an analysis of some current assumptions. There are already certain elements of diffuse review, which have been analyzed by legal scholars, and which seem to make it unfeasible to consider our system as truly concentrated. Furthermore, the context of European review, which is much more diffuse in nature, creates inconsist-encies in a constitutional review that seeks to remain essentially concentrated. Furthermore, the most recent studies highlight that compliant interpretation, which is undoubtedly an unavoidable mission of the ordinary judiciary, is fundamentally an inseparable part of constitutional review, given its inapplicability of rules that may derive from a legal provision. For all these reasons, it seems more coherent to carry out a constitutional and legal reform that would allow judges to disapply any unconstitutional law, implementing a type of “directed diffuse control”, while main-taining the Constitutional Court’s oversight function through the question of unconstitutionality in certain cases, and in the context of other incidental avenues for oversight and dialogue between courts.
