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Burgos, España
La renovación del Consejo General del Poder Judicial es un problema recurrente, ya que no se ha producido en plazo desde su creación. A ello contribuye, entre otros factores, el bloqueo ejercido por los partidos políticos cuando no se ponen de acuerdo en la designación de sus vocales. Una de las medidas antibloqueo ha sido la introducida por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que establece un régimen jurídico singular para el Consejo en funciones, limitando algunas de sus competencias. En este trabajo se analiza críticamente esta medida legal, así como el contenido de la STC 128/2023, de 2 de octubre, que la declara constitucional.
The renewal of the General Council of the Judiciary is a recurring problem, as it has not occurred on time since its creation. Among other factors, the blockade exerted by political parties contributes to this, in particular when they do not agree on the appointment of its members. One of the anti-blockade measures has been the one introduced by Organic Law 4/2021, March 29, which establishes a legal regime for the Council in office, limiting some of its powers. This work critically analyzes this legal measure and the content of STC 128/2023, October 2, which declares it constitutional.
