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, José Manuel Vassallo Magro (codir. tes.) , Isabel Román Martínez (secret.) , Rafael Izquierdo de Bartolomé (voc.) , Antonio Sánchez Soliño (voc.) , Francisco Javier Martínez García (voc.) Los proyectos de infraestructuras ocupan un papel muy importante en las políticas gubernamentales de los países. A día de hoy no cabe duda de que el desarrollo de proyectos como los de transporte, agua, energía, telecomunicaciones, etc. son de vital importancia para favorecer el crecimiento económico y mejorar el bienestar social.
Sin embargo, la puesta en marcha de este tipo de proyectos implica la movilización de grandes cantidades de recursos financieros. Tradicionalmente esos recursos han procedido de fondos públicos, pero esto origina elevados déficits en los presupuestos. Es por ello por lo que desde hace algunas décadas se están buscando nuevas fórmulas de financiación que favorezcan la participación del sector privado. Desde ese momento se han publicado numerosos estudios sobre cómo debe articularse la relación entre los participantes en el proyecto, así como el riesgo que deben asumir cada uno de ellos.
Esa tendencia, extendida internacionalmente, por fomentar las colaboraciones entre el sector público y el sector privado precisa de un marco jurídico sólido que de seguridad a las partes intervinientes en los proyectos. Así, en el año 2003 entró en vigor en España la Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, vigente hasta el próximo mayo de 2008. La redacción del contenido de dicha ley se inspiró en los conocimientos adquiridos sobre el sector de autopistas de peaje, por tener nuestro país una gran experiencia en este tipo de concesiones.
Con el paso del tiempo se ha observado un grave problema en el desarrollo de los proyectos de infraestructuras: el incumplimiento de las previsiones establecidas en los planes económico-financieros. Algunos autores se han referido a ello, pero han sido muy pocos los que han podido cuantificarlos dada la dificultad que entraña la obtención de datos que permitan un análisis en profundidad del problema.
Esos incumplimientos en los acuerdos adoptados inicialmente entre concedente y concesionario generan desequilibrios económico-financieros en la concesión que, acompañados de renegociaciones oportunistas, ocasionan importantes perjuicios a la sociedad. Las frecuentes renegociaciones de los contratos se han convertido en lo que muchos autores han pasado a calificar como el mayor defecto del modelo concesional.
Para poder incrementar el porcentaje de contratos de concesión desarrollados conforme a lo acordado inicialmente es necesario, en primer lugar, que se realicen estudios empíricos con muestras amplias que permitan dilucidar qué es lo que debería mejorar.
El interés de esta investigación reside fundamentalmente en que ofrece una visión y un conocimiento más preciso sobre el sector de las autopistas de peaje en España, así como de los planes económico-financieros de los contratos de concesión en él desarrollados. Esto servirá de base para proponer mejoras en los contratos de concesión de obras públicas, contribuyendo a reducir las renegociaciones y a cumplir con las estipulaciones recogidas en los planes económico-financieros.
