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, Antonio Troncoso Reigada (dir. tes.) , Juan María Bilbao Ubillos (secret.) , Élise Carpentier (voc.) , Miguel Ángel Davara Rodríguez (voc.) , Luigi Melica (voc.) Existe un problema real en las redacciones de los medios de comunicación: el incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, especialmente de algunos de los principios recogidos en el Título II de la LOPD: calidad y seguridad de los datos.
Este incumplimiento se da por distintos motivos: la ignorancia y la falta de interés acerca de la normativa de protección de datos; el hecho de que no exista una regulación expresa que facilite la conciliación del derecho a la protección de datos personales y la libertad de información, y la especial naturaleza de las actividades a las que se dedican las entidades del sector del periodismo y la comunicación.
El derecho fundamental a la protección de datos implica una serie de obligaciones para los responsables y encargados del tratamiento de los mismos; deberes que se suman a aquellos propios de la profesión periodística. Pero el hecho de que cumplir con la legislación de protección de datos pueda resultar un deber añadido y, en ocasiones, especialmente difícil para un medio de comunicación, no debe ser excusa para su inaplicación.
El conflicto entre los derechos a la libertad de expresión y a la protección de datos personales no es fácil de resolver. Aunque la normativa comunitaria contemple una mínima regulación, contemplando excepciones y exenciones al derecho de protección de datos personales para los medios de comunicación, lo cierto es que en España falta una regulación específica que ayude a solventar el problema. El respeto al principio de calidad de los datos, los criterios jurisprudenciales marcados por el TC, así como la aplicación del principio de proporcionalidad, ayudan a ponderar el caso concreto y a decidir cuál de ambos derechos tiene prevalencia sobre el otro. Aun así, y en base a las múltiples circunstancias que rodean la casuística analizada, se proponen una serie de principios que pueden asistir al responsable del tratamiento en su ponderación de derechos y resultar útiles para valorar las particularidades de cada caso.
