En este trabajo se analiza el impacto de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, comúnmente denominada Directiva Servicios, en uno de los sectores económicos más relevantes de nuestro país: el turismo.
Esta norma comunitaria ha venido a generalizar la figura de las declaraciones responsables y comunicaciones previas como medios de control posterior de las actividades turísticas, sustituyendo a las tradicionales autorizaciones y licencias previas.
Sin embargo, el ambicioso enfoque adoptado por los legisladores españoles (el estatal y los autonómicos) a la hora de transponer la Directiva, puede afectar de forma adversa a los intereses públicos imbricados en el sector, pues existen claras razones de interés general que requieren un efectivo control administrativo previo.
La intervención administrativa en el sector debe ser, en este sentido, eficaz en la defensa de los intereses generales turísticos. La falta de control administrativo adecuado, puede tener consecuencias adversas para la calidad y sostenibilidad del turismo. En algunas ocasiones, por tanto, cuando esté justificado, se deberán mantener los controles previos de acceso a las actividades turísticas.