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, Germán Valencia Martín (dir. tes.) , Blanca Soro Mateo (secret.) , Agustín María García Ureta (voc.) La investigación ha consistido en un recorrido por los fundamentos jurídicos internacionales del acceso a la justicia. Desde su reconocimiento como tercer pilar de la "democracia ambiental" en el Principio Décimo de la Declaración de Río de Janeiro en 1992 hasta su plasmación en el reciente Acuerdo de Escazú en 2018.
Sin duda el referente legislativo al que más relevancia se le reconoce es al Convenio de Aarhus, firmado en 1998, y que supuso la primera vez que España y la Unión Europea asumían obligaciones concretas para mejorar el acceso a la justicia ambiental. El trabajo analiza cómo la Unión Europea ha asumido los mandatos del Convenio de Aarhus en su legislación dirigida no sólo a los Estados Miembros sino también a sus propias instituciones. En dicho análisis crítico se exponen las luces y las sombras de un desarrollo normativo incompleto y de una jurisprudencia expansiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se realiza un examen de la incorporación de los derechos y obligaciones del Convenio de Aarhus en España que, en materia de acceso a la justicia, da como resultado una realidad ciertamente insuficiente, como se acredita con casos concretos que han sido denunciados al Comité de Cumplimiento del propio Tratado.
La última parte del trabajo supone una evaluación de las principales barreras sustantivas y económicas que se presentan cuando los ciudadanos acuden a los tribunales en la defensa del medio ambiente. Seguidamente, y en base experiencias en otros ordenamientos jurídicos, se presentan una serie de propuestas para superar tales barreras.
Los objetivos de la investigación han sido: 1. Poner a disposición de la comunidad científica jurídica un análisis detallado de las condiciones del acceso a la justicia ambiental en el Estado español, tras los avances jurídicos resultado de la ratificación del Convenio de Aarhus por el Reino de España y la propia Unión Europea.
2. Presentar una investigación y una evaluación de las principales barreras que se producen en la práctica de los Tribunales y de los retos que presenta una tutela judicial efectiva de los intereses ambientales.
3. Aportar un catálogo de propuestas provenientes en su mayoría del Derecho Comparado que pudieran convertirse en medidas de lege ferenda.
La metodología surge de la exégesis de fuentes del Derecho tales como disposiciones jurídicas y resoluciones de órganos internacionales y nacionales referidas a la protección ambiental y a la garantía de los derechos derivados de tal protección, así como de la lectura crítica de obras de doctrina científica referidas sobre todo a la materia de Derecho Internacional Público, Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Dado el reciente interés que despierta la temática de la justicia ambiental derivada del Convenio de Aarhus mucha de las obras consultadas provienen de fuera del Estado español, lo que obliga a consultar bibliografía y jurisprudencia en inglés y en ocasiones, en alemán. De interés resulta la consulta de textos iberoamericanos para la comprensión de los mecanismos procesales avanzados que en materia de procesos colectivos se llevan a cabo en Brasil, Argentina y Chile. La jurisprudencia comentada proviene no sólo de Tribunales nacionales o regionales, sino que se extiende en gran medida a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos e incluso las recomendaciones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus.
Entre las conclusiones o resultados podemos destacar la propuesta de medidas tales como el reconocimiento de la "acción popular" en asuntos ambientales, regímenes especiales para la práctica de la prueba, las medidas cautelares, la asistencia jurídica gratuita y las costas del proceso, así como la creación de tribunales ambientales específicos.
The research has consisted of a tour of the international legal foundations of access to justice. Since its recognition as the third pillar of "environmental democracy" in the Tenth Principle of the Declaration of Rio de Janeiro in 1992 until its implementation in the recent Escazu Agreement in 2018.
Undoubtedly, the most relevant legislative reference is the Aarhus Convention, signed in 1998, which was the first time that Spain and the European Union assumed specific obligations to improve access to environmental justice. The paper analyses how the European Union has assumed the mandates of the Aarhus Convention in its legislation directed not only to Member States but also to their own institutions. This critical analysis exposes the lights and shadows of an incomplete regulatory development and expansive jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. There is also a review of the incorporation of the rights and obligations of the Aarhus Convention in Spain, which, in terms of access to justice, results in a certainly insufficient reality, as is demonstrated by specific cases that have been reported to the Compliance Committee of the Treaty itself.
The last part of the paper involves an evaluation of the main substantive and economic barriers that arise when citizens turn to the courts in defence of the environment. Following this, and based on experiences in other legal systems, a series of proposals are presented to overcome such barriers.
The objectives of the research have been: - To make available to the legal scientific community a detailed analysis of the conditions of access to environmental justice in the Spanish State, following the legal developments resulting from the ratification of the Aarhus Convention by the Kingdom of Spain and the European Union itself.
- To present an investigation and an evaluation of the main barriers that occur in the practice of the Courts and of the challenges presented by effective judicial protection of environmental interests.
- To provide a catalogue of proposals coming mostly from Comparative Law that could be converted into lex ferenda measures.
The methodology arises from the exegesis of legal sources such as legal provisions and resolutions of international and national bodies related to environmental protection and the guarantee of the rights derived from such protection, as well as the critical reading of works of scientific doctrine referred to everything to the subject of Public International Law, Administrative Law and Procedural Law. Given the recent interest in the theme of environmental justice derived from the Aarhus Convention, many of the works consulted come from outside the Spanish State, which requires consulting literature and jurisprudence in English and sometimes in German. Of interest is the consultation of Ibero-American texts for the understanding of the advanced procedural mechanisms that in the field of collective processes are carried out in Brazil, Argentina and Chile. The aforementioned jurisprudence comes not only from national or regional courts, but extends to a large extent to the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights and even the recommendations of the Compliance Committee of the Aarhus Convention.
Among the conclusions or results we can highlight the proposal of measures such as the recognition of "actio popularis" in environmental matters, special regimes for the practice of evidence, precautionary measures, free legal assistance and the costs of the process, as well as the creation of specific environmental courts.
