Acceso usuarios
, José Manuel Sánchez Saudinós (secret.) , Juli Ponce Solé (voc.) En esta investigación se analiza la interpretación de los derechos sociales prestacionales realizada por el Defensor del Pueblo a través de sus Recomendaciones a la Administración pública entre 2005 y 2016. Más allá de la justiciabilidad de los derechos sociales, que cuenta con destacas tesis a su favor, para la eficacia de estos derechos no se deben perder de vista otras garantías que el ordenamiento jurídico ofrece para su protección y que, en algunos casos, pueden resultar más efectivas dada su celeridad e inmediatez. En esa reflexión se encuentra la justificación de esta investigación, pues consideramos de gran trascendencia el papel del Defensor del Pueblo como garantía de los derechos sociales.
Las Recomendaciones del Defensor del Pueblo son el "núcleo duro" de sus resoluciones porque tienen un alcance general y en ellas se interpretan los derechos fundamentales. En sus Recomendaciones el Defensor del Pueblo utiliza una tipología de resoluciones dirigidas a la Administración pública que ha sido analizada en esta investigación. Asimismo, para la interpretación de los derechos sociales el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales tiene especial relevancia, por ser el instrumento internacional ratificado por España que contiene el catálogo más amplio de derechos sociales. En ese marco, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales interpreta el Pacto mediante sus Observaciones Generales, por medio de las cuales delimita el contenido de los derechos en torno a sus elementos esenciales. En esa línea, en cada Capítulo se ha sistematizado el contenido de los derechos que ha sido objeto de Recomendaciones del Defensor del Pueblo conforme a los elementos esenciales establecidos por el Comité.
Finalmente, a manera de conclusión se señalan algunas luces y sombras encontradas en las Recomendaciones del Defensor del Pueblo para la protección de los derechos sociales durante el período analizado. Aportes con los que se pretende contribuir a la visibilizar la labor del Defensor del Pueblo, favorecer a la multiplicación de los hallazgos que consideramos buenas prácticas para la eficacia de los derechos sociales y también repensar otras prácticas para contribuir al fortalecimiento de la Institución como mecanismo efectivo de garantía de los derechos sociales que está llamada a ser.
