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, Gonzalo Álvarez Chillida (dir. tes.) , Javier Muñoz Soro (secret.) , Manuel Álvarez Tardío (voc.) , José Luis De la Granja Sainz (voc.) , Antonio Rubio Campaña (voc.) En la Transición, uno de los asuntos más espinosos que las autoridades políticas de aquellos años (1975-1979) tuvieron que afrontar fue el llamado problema vasco, choque o competencia entre identidades nacionales ¿vasca y española-, cuyas raíces se remontan al siglo XIX tras la abolición foral y, sobre todo, a partir de la aparición del nacionalismo sabiniano. No es exagerado decir que este asunto se convirtió en uno de los principales quebraderos de cabeza para los sucesivos gobiernos de España. Primero, porque enseguida tuvieron que asumir que encontrar un encaje político satisfactorio para la mayoría de los ciudadanos del País Vasco dentro del Estado era algo prioritario si se quería que el proceso prodemocrático fuera un éxito. Y, segundo, porque desde los años finales del franquismo, el problema vasco se había agudizado y complicado por la existencia de ETA.
El choque identitario en Euskadi estaba especialmente caliente al inicio de la Transición, porque las casi cuatro décadas de dictadura franquista, con su política centralizadora, represiva y uniformadora, lejos de acabar con el sentimiento nacional (nacionalista) de una buena parte de la población vasca, lo que había hecho era exacerbarlo. Al mismo tiempo, el franquismo había supuesto una gran deslegitimación de todo lo que representaba España tanto en Euskadi como en el resto del país.
La clase dirigente adoptó un buen número de medidas para tratar de resolver el problema vasco en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco. Pero no lo consiguió. Primero, porque en los sucesivos gobiernos de Arias Navarro y de Suárez faltó verdadera comprensión de la naturaleza y dimensión de este contencioso. Y, segundo, porque se cometieron muchos errores, se actuó siempre a remolque de los acontecimientos y se dieron algunos pasos verdaderamente contraproducentes.
Los dos mayores errores cometidos por los Gobiernos españoles fueron: la incapacidad para distinguir entre el problema de naturaleza política y el problema de violencia terrorista en un momento inicial, especialmente decisivo, en el que se consideró que el problema vasco era un asunto de orden público que cabía resolver casi exclusivamente a través de una respuesta policial; y la negativa a abordar, posteriormente, a lo largo de gran parte de la Transición, el problema vasco -junto al catalán- como un hecho diferencial en la realidad política española.
De lo anterior se derivaron toda una serie de errores concretos que contribuyeron a perpetuar el problema vasco, como la brutal y descabellada política de orden público y de represión policial; la excesiva tardanza en la despenalización del uso de la ikurriña; la nefasta gestión de la amnistía, hasta su concesión final; la posición errática sobre la devolución de los conciertos económicos a Vizcaya y Guipúzcoa; la falta de iniciativa política para dar respuesta a las principales demandas de la sociedad vasca; la fallida negociación con el PNV sobre la Disposición Adicional para sumar al nacionalismo moderado al consenso constitucional; o la identificación de lo vasco con lo nacionalista.
La realidad es que, cuando terminó el año 1979, con el Estatuto de Autonomía del País Vasco recién aprobado, fecha en la que consideramos se puede hablar del fin de la Transición en esta Comunidad, todos tenían la amarga sensación de que faltaba mucho aún para que se arreglara el problema vasco; seguía siendo un asunto no resuelto que se ha mantenido latente hasta nuestros días.
