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La desobediencia civil es una forma de protesta "desobediente", transgresora de alguna norma del ordenamiento jurídico y, como tal, una forma de protesta no institucionalizada "prima facie" ilegal. Sin embargo, lo específico de esta figura no es solo el hecho de que sea una forma de protesta, ni siquiera el que sea una protesta desobediente. Lo verdaderamente característico de este fenómeno es que se trata de una forma de "participación" ciudadana éitoc-politicamente cualificada en la "res publica" y, por lo tanto, una forma de compromiso. Un modo de participación política no convencional que obedece a motivos de justicia y, de forma más concreta, a la finalidad de denunciar o remover algún tipo de "injusticia" en la actuación o inacción del poder público. Estos son, quizás, los rasgos que hacen de la desobediencia civil un fenómeno de actualidad, especialmente en un momento como el presente en el que se dan importantes disfunciones e insuficiencias en los sistemas democráticos por lo que a legitimidad de ejercicio de poder se refiere. Hacer "más democráticos" estos sistemas exige hacerlos "más participativos" y en esta labor la desobediencia civil puede jugar un importante papel.
La desobediencia civil se presenta como un fenómeno susceptible de ser analizado desde múltiples puntos de vista: el sociológico, el político, el moral, el jurídico, etc. Este trabajo se acerca a dicho fenómeno desde la óptica del Derecho y, en especial, del Derecho regido por una Constitución democrática, aunque sin renunciar al auxilio de la teoría política. En tal sentido, el análisis se centra principalmente en el examen de las posibilidades de defensa y protección jurídica de que pudieran ser objeto las conductas de desobediencia civil. Y ello en atención a la eficacia que, en su caso, puedan desplegar las propias normas del ordenamiento jurídico constitucional y particularmente aquellas que consagran los derechos fundamentales.
