Paula García Cuevas
Resulta innegable que existe un grave problema de acceso a la vivienda en España. La situación ha alcanzado un punto crítico que requiere que se tomen medidas que favorezcan el aumento de la oferta de vivienda, con el objetivo de que los precios se frenen y ésta sea accesible a los ciudadanos. En el presente artículo analizamos tres cuestiones prácticas relevantes a nuestro criterio para aportar claridad sobre este asunto: qué medidas ha adoptado el Estado a través de la Ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023, cómo ha valorado dicha Ley el Tribunal Constitucional en su sentencia 79/2024, de 21 de mayo, en la que ha declarado la inconstitucionalidad de varios artículos, así como el desarrollo normativo y aplicación práctica de la Ley de Vivienda por parte de las Comunidades Autónomas.