En los sistemas educativos contemporáneos cada vez más se está considerando a los usuarios no como meros receptores de servicios públicos, sino como consumidores. Esta tendencia se refleja en la introducción de cambios organizativos que ofrecen posibilidades de participación a las familias, siendo una de las principales la capacidad de elección del lugar en el que desean que estudien sus hijos. Los mecanismos utilizados más habitualmente en los sistemas educativos nacionales consisten en la diversificación de la oferta pública y en la incorporación de la escuela privada al sistema público mediante la concesión de subsidios a las escuelas o a las familias. Dicha tendencia tiene varios efectos: por un lado, se aumentan los niveles de satisfacción de las familias con la educación que reciben sus hijos; por otro lacio, se aumenta la complejidad organizativa del sistema y se introducen posibilidades de diferenciación social de los centros en términos de las clientelas que acogen. En el presente trabajo se estudian algunas de las consecuencias que se producen a raíz de la introducción de la política de elección de centros en el sistema educativo público en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En primer lugar, se observa el comportamiento de las familias en lo referente a la elección de colegio, señalando los distintos criterios que se utilizan para escoger un centro concreto. En segundo lugar, se estudian los efectos de dicha política desde el punto de vista de los usuarios, observando cómo la opinión de los padres sobre sus centros varía en función de la posibilidad de elección. En tercer lugar, se observa la composición social que resulta de los procesos de elección, especificando que existe una diferenciación en términos de clase y de estatus entre las distintas partes del sistema educativo en Andalucía. Por último, se realiza un balance de los resultados del proceso de elección indicando los dilemas que existen en las principales opciones políticas respecto a la organización de la oferta de los sistemas educativos. Como base del trabajo se utiliza una investigación mediante encuesta a 2400 familias con hijos escolarizados en centros públicos y concertados en Andalucía.