Javier Valentín
Las viviendas turísticas han supuesto un desafío regulatorio en diversos ámbitos. Siendo varios los derechos constitucionales que están en juego (propiedad privada —art. 33 CE— libertad de empresa —art. 38 CE—, acceso a una vivienda digna y adecuada —art. 47 CE—) se hace necesario ponderar todos ellos de acuerdo a los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación. La actual «fiebre de las moratorias» a las viviendas turísticas por parte de los acuerdos que están adoptando algunos Ayuntamientos suspendiendo la concesión de licencias en el ámbito de sus competencias plantea un problema sobre la legalidad de esas medidas, que analizamos en el presente artículo.