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España es un país en buena parte desertizado. La desertización que sufre España se identifica con la erosión de su suelo. La Convención para combatir la desertificación, de la que es parte España, impone la obligación de ejecutar un Plan Nacional de Acción Nacional contra la desertización. El contexto jurídico más coherente y eficaz para luchar contra la erosión del suelo es el de la Ley de Aguas y, en especial, el de los planes de cuenca; y es aquí donde podrían desplegarse los planes de lucha contra la erosión del suelo gestionados por el organismo de cuenca. La mayor resistencia la encontramos en la posición del Tribunal Constitucional, que encasilla (con criterio excluyente) las previsiones de defensa del suelo de la Ley de aguas en la competencia de medio ambiente (de forma irrazonada e irrazonable), impidiendo su conexión natural con la competencia de los recursos hidráulicos. Ello comporta que el Estado sólo pueda intervenir en la lucha contra la desertización a nivel de regulación de bases, a pesar de que nos hallamos ante un asunto de interés nacional y en ausencia de competencias específicas de las Comunidades Autónomas para esta materia
