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El Tribunal Supremo modifica su doctrina y establece que cuando no se ha obtenido un incremento en el valor de la propiedad, la plusvalía municipal se debe devolver. Incluso en actos firmes, pues al no existir una limitación de efectos en la declaración de inconstitucionalidad precedente, las liquidaciones ya firmes son nulas de pleno derecho y producen además, una lesión efectiva del principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad.
