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En el contexto actual de la pandemia derivada de la COVID 19, la simplificación de trámites y procedimientos en aspectos con especial incidencia en el ejercicio o la puesta en marcha de actividades económicas resulta urgente, por la necesidad de paliar los efectos adversos sobre la actividad económica y social.
Con esta finalidad y con el objetivo de eliminar o reducir trabas administrativas mejorando la eficiencia y la agilidad de los procedimientos en aras de una eficaz protección de los intereses públicos, se ha realizado una revisión de la normativa legal para simplificar aspectos de la intervención administrativa, en especial en ámbitos y sectores con incidencia significativa en la actividad y el desarrollo económicos, tales como la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente, así como en otros ámbitos como la protección del patrimonio cultural o la gestión económico-administrativa.
A su vez, se establecen una serie de controles a posteriori con efecto de garantizar que las personas que se beneficien de estas medidas no lo hagan de forma fraudulenta o vulnerando la Ley.
A continuación, se destacan aquellos extremos de la estructura de la ley que inciden directa o indirectamente en la materia jurídico ambiental.
Capítulo I. Medidas en materia de evaluación ambiental.
Artículo 1. Modificación de un proyecto y efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se determinan las circunstancias en las que un proyecto comprendido en el anexo I o en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y específicamente las concernientes a parques eólicos.
Artículo 2. Evaluación ambiental estratégica de instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo. Se determinan los instrumentos que deben someterse a la EAE ordinaria o simplificada, así como la previsión del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
Capítulo II. Medidas en materia de gestión presupuestaria destinadas a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Capítulo III. Técnicas de intervención administrativa.
Artículo 12. Promoción de la declaración responsable y la comunicación. Entidades colaboradoras de certificación.
Entrada en vigor: 4 de diciembre de 2021.
Normas afectadas:
Se derogan:
-Los artículos 11 y 12 de la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales.
-Los apartados 7.2 y 7.3 del Plan de ordenación de los recursos naturales del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo.
-El apartado 9.6 de los “Criterios para la protección del medio ambiente y para ordenación y protección del medio físico” de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias, aprobadas por Decreto 11/1991, de 24 de enero.
-El artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones.
-Las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley.
Se modifican:
-La Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales.
-El Texto Refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.
-Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
-Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril. La modificación afecta al procedimiento de coordinación interadministrativa; al procedimiento de coordinación de informes sectoriales autonómicos; a los estudios de implantación; a la licencia urbanística; a la declaración responsable en materia de urbanismo, régimen y efectos.
-Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.
–Ley del Principado de Asturias 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible.
