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Juan Luis Ortega Calderón
La necesidad de evitar que el proceso penal se convierte en un cauce de revictimización secundaria paras las víctimas del delito ha provocado que el legislador haya regulado diferentes mecanismos de protección procesal. Ahora bien, se advierte tanto en la normativa vigente como en la práctica judicial la ausencia de una regulación específica del incidente necesario para amparar la adopción, modificación, adaptación y cese de tales medidas de protección procesal.
