La siniestralidad laboral y la política preventiva siguen siendo "asignaturas pendientes" del sistema español de relaciones laborales. Pese a los esfuerzos de adaptación normativa llevados a cabo tras la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y la incorporación de numerosas Directivas Comunitarias, las tasas de accidentes, lejos de minorar, han aumentado en una tónica evolutiva. En el presente articulo se aborda parte de dicha problemática en aras de una institucionalización más adecuada del marco jurídico preventivo.