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Covadonga Isabel Ballesteros Panizo
La Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, supuso un paso determinante en lo tocante a la ejecución transfronteriza de resoluciones penales y administrativas de tráfico. Sin embargo, los requisitos previstos por la norma para que eso sea posible se han interpretado como un obstáculo insalvable para España. En este trabajo se estudia la cuestión en profundidad, analizándola a partir de la doctrina de los conceptos autónomos y desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo ello, con el fin de aportar soluciones que pongan remedio a una situación, que ha dejado a España en una posición desigual respecto al resto de Estados miembros y que afecta al funcionamiento del mercado único y la libre circulación de personas en la Unión Europea.
Council Framework Decision 2005/214/JHA of 24 February 2005 on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties was a decisive step towards the cross-border enforcement of criminal and administrative traffic decisions. However, the requirements laid down in the law to make this possible have been interpreted as an insurmountable obstacle for Spain. This paper studies the issue, analysing it from the doctrine of autonomous concepts and the case law of the Court of Justice of the European Union. The aim is to provide solutions to remedy a situation which has left Spain in an inequal position in relation with other Member States, which damages the single market and the free movement of people in the European Union.
