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La reclamación tiene su origen en la oposición de los demandantes al proyecto para el almacenamiento geológico profundo de los residuos radiactivos de alta actividad y vida larga derivados de las instalaciones nucleares francesas. Su gestión corresponde en el país vecino a la Agencia Nacional Francesa para la Gestión de Residuos Radiactivos (ANDRA), organismo público de carácter industrial y comercial, entre cuyas funciones se encuentra poner a disposición del público información sobre los residuos radioactivos.
Después de varios años de investigación, la Agencia concluyó que la opción más recomendable era el almacenamiento. De este modo, presentó una zona de 30 km² cerca de Bure para su construcción, aceptado posteriormente el gobierno esta propuesta. Una vez autorizado el proyecto de construcción, se prevé que las obras comiencen en el año 2023/24.
Tras las advertencias de un particular (ingeniero físico) indicando que en el lugar elegido había un recurso geotérmico (acuífero de Trias), ANDRA llevó a cabo perforaciones, llegando a la conclusión de la existencia de riesgos muy bajos. Las Asociaciones, por su parte, le solicitaron que reconociese que la información difundida estaba basada en una información científica y técnica errónea y fraudulenta. Posteriormente, acudieron a los tribunales solicitando una indemnización por el daño causado ante el incumplimiento de la obligación de informar al público. De nuevo, alegaron que las conclusiones de la Agencia se fundamentaban en una evaluación deliberadamente parcial de los datos existentes.
