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María Magdalena Ossandón Widow
La creación de tipos penales en relación con los nuevos riesgos que imperan en nuestra sociedad ha de limitarse a supuestos en que se trate de bienes jurídicos merecedores, necesitados y susceptibles de protección penal. Actualmente se acepta un criterio de legitimación ad effectum de la pena, que responde a una justificación basada en criterios utilitaristas. Esto significa que la presencia de un bien jurídico digno de protección y necesitado de la misma no resulta siempre suficiente para legitimar la intervención penal, sino que deben también considerarse los posibles efectos que producirá la norma penal. Y si el objetivo del Derecho penal es la protección de ciertos bienes jurídicos fundamentales, su legitimación deberá valorarse en relación con la efectiva protección que se les pueda brindar. Otros efectos benéficos de la norma penal no serían suficientes para justificarla. Por lo tanto, el Derecho penal meramente simbólico constituye un ejercicio ilegítimo de la potestad penal, con consecuencias que a largo plazo atentan contra la propia funcionalidad del sistema penal. La problemática descrita se concreta con el análisis de un posible nuevo "delito contra el medio ambiente".
The establishment of penal types in relation to the new risks that prevail in our society should limit itself to assumptions concerning juridical rights that deserve, are in need of, and are susceptible to penal protection. Currently, an ad affectum criterion of legitimization of the penalty is accepted, and this is consistent with a justification based on utilitarian criteria. This means that the presence of a juridical right worthy and in need of protection is not always sufficient to legitimate penal intervention; the potential effects that the penal code will cause should be considered as well. And if the objective of the penal law is the protection of certain fundamental juridical rights, its legitimization should find its value in relation to the effective protection that they can receive. Other beneficial effects of the penal code would not be sufficient to justify it. Therefore, the merely symbolic penal law constitutes an illegitimate practice of the penal authority, with an impact that in the long run jeopardizes the efficiency of the penal system itself. The problem described above materializes with the aid of a possibly new "crime against the environment."
