No deja de ser frecuente que, en la resolución y revisión de procedimientos de expulsión del territorio nacional incoados contra ciudadanos extranjeros irregulares, se planteen problemáticas en torno a la incorporación ex novo de hechos que pudieran agravar y justificar la decisión más onerosa posible. Para salvaguardar los derechos constitucionales de que son titulares los extranjeros, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han sentado sólidos —y, en algún caso, discordantes— criterios alrededor de esta cuestión.