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Irene Climent Campos
El principio de separación de poderes nace en España tras la Revolución liberal, y es consagrado por primera vez en nuestra historia constitucional en la Constitución de Cádiz de 1812. Este principio es hoy uno de los fundamentos sobre los que se sostiene nuestra democracia y, en consecuencia, el Estado de derecho. La separación de poderes no cobra significado pleno en un sistema democrático sino atendiendo también a la supremacía de la Ley, a la que deben supeditarse todos los poderes públicos. Así, cada uno de los poderes necesita de un control que confirme su cumplimiento de la ley. Nace, de esta forma, la necesidad de una institución de controle el funcionamiento del poder judicial, esto es, un tribunal que supervise al resto de tribunales. Se refiere al Tribunal Supremo.
