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Luis López Fraile
La Ley de Minas de 1973 supuso en su momento un importante revulsivo para la industria extractiva española, incorporando instituciones y soluciones jurídicas que han permitido dinamizar este sector primario y estratégico de la económica nacional. Cumplidos sus cincuenta años de vigencia, puede afirmarse que esta norma ha proporcionado un marco estable de regulación para el sector minero -consolidado a través de la jurisprudencia y de reformas legislativas más o menos puntuales- y ha logrado la tan deseada seguridad jurídica para un ámbito de actividad empresarial que se ha caracterizado tradicionalmente por la necesidad de importantes inversiones, asunción de elevados riesgos y prolongados períodos de retorno. Aun tratándose de una Ley preconstitucional es, sin duda, una de las más afortunadas normas administrativas que persisten en nuestro Derecho, cuya reforma o sustitución se ha planteado en varias ocasiones a fin de adaptarla al reparto de competencias derivado de la Constitución de 1978 y a la nueva realidad social, económica y jurídica que vive nuestro país particularmente desde su adhesión al proyecto europeo en 1985. Sin embargo ha sido en los últimos años, con la concienzación generalizada sobre la necesidad de frenar el cambio climático y tras las extraordinarias convulsiones ocasionadas por la COVID-19 y la guerra de Ucrania, cuando más fuerza ha retomado el debate sobre la conveniencia de acometer una profunda revisión de nuestra legislación minera con el objeto de acomodarla a los compromisos asumidos en materia de Transición Energética y a la nueva Estrategia Europea sobre Materias Primas Críticas, de los que resultará en las próximas décadas un nuevo modelo de economía basada en las fuentes renovables de energía, la digitalización, la valorización de residuos y el empleo de nuevas tecnologías. Todos estos objetivos requieren el empleo de numerosos recursos minerales por lo que la actividad minera vuelve a configurarse como un sector estratégico para el desarrollo del Viejo Continente. El presente trabajo trata de demostrar que la vigente Ley de Minas, con las adaptaciones precisas, sigue siendo un instrumento válido y generalmente aceptado por todos los operadores para dotar de un adecuado marco regulatorio a la actividad extractiva.
The 1973 Mining Law was at the time an important stimulus for the Spanish extractive industry, incorporating institutions and legal solutions that have allowed this primary and strategic sector of the national economy to be energized. Now that it has been in force for fifty years, it can be said that this norm has provided a stable regulatory framework for the mining sector -consolidated through jurisprudence and more or less specific legislative reforms- that has achieved the much desired legal certainty for an area of business activity that has traditionally been characterized by the need for significant investments, assumption of high risks and long return periods. Even though it is a pre-constitutional Law, it is, without a doubt, one of the most successful administrative rules that persist in our Law, whose reform or replacement has been proposed on several occasions during the year in order to adapt it to the distribution of powers derived from the 1978 Constitution and to the new social, economic and legal reality that our country is experiencing, particularly since its accession to the European project in 1985. However, it has been in recent years, with widespread awareness of the need to stop climate change and after the extraordinary upheavals caused by COVID-19 and the war in Ukraine, when the debate on the convenience of undertaking a profound review of our mining legislation in order to adapt it to the commitments assumed regarding the Energy Transition and the new European Strategy on Critical Raw Materials, which will result in a new economic model based on renewable energy sources in the coming decades. , digitalization, waste recovery and the use of new technologies. All of these objectives require the use of numerous mineral resources, which is why mining activity is once again configured as a strategic sector for the development of the Old Continent. This work tries to demonstrate that the current Mining Law, with the necessary adaptations, continues to be a valid model and generally accepted by all operators to provide an adequate regulatory framework for extractive activity.
