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Nicolás Rodríguez García 
Con la aprobación de la Directiva 2019/1937, la Unión Europea ha querido dar un paso determinante en favor de la protección de las personas que colaboren con la Administración de Justicia reportando infracciones del Derecho de la Unión y, particularmente, relacionados con el fraude y la corrupción, generando la obligación en los veintisiete Estados miembros de trasponerla de manera leal y responsable. Una estrategia compleja e integral, relacionada directamente con los programas de cumplimiento, para cuya mejor intelección es imprescindible conocer en qué estado se encuentran los sistemas penales nacionales a consecuencia de las recientes reformas emprendidas en muchos casos sobre la base de la colaboración ciudadana.
With the approval of Directive 2019/1937, the European Union wanted to take a decisive step in favor of the protection of persons who collaborate with the Administration of Justice by reporting breaches of Union Law and, particularly, related to fraud and corruption, generating the obligation in the twenty-seven Member States to transpose it in a loyal and responsible manner. A complex and comprehensive strategy, directly related to compliance programs, for a better understanding of which it is essential to know the state of the national penal systems as a result of the recent reforms undertaken in many cases on the basis of citizen collaboration.
