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Carolina Bellvís Artés, Sofia Vidal Ibáñez, Carmen Armiñana González
En el ámbito urbanístico, el tratamiento de las obras y usos que se realizan en contravención de la legislación urbanística es un tema que continúa generando dudas entre los Tribunales. La fiscalización de dichas actuaciones es expresión de la potestad de policía que ostenta la Administración, que puede adoptar actos desfavorables o de gravamen que afectan de forma directa a los responsables. Se trata de actos ejecutables cuyo contenido puede ir desde una mínima intervención a la demolición de lo construido. En el supuesto de la adopción de medidas restaurativas de carácter definitivo —como es la demolición— adquiere especial relevancia si se trata de viviendas. La concurrencia de diversos intereses dignos de protección ha hecho que los Tribunales adopten medidas de garantía como la suspensión cautelar del derribo hasta que se resuelva sobre su legalidad.
