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Los avances en la implementación del Acuerdo de Paz y en justicia restaurativa implican realizar procesos de evaluación de manera permanente y, si bien hay cumplimientos importantes en cuanto a metas, éstas recaen de manera específica en las planteadas desde el gobierno y en algunas caracterizaciones que han hecho las víctimas. Sin embargo, las estrategias más concretas y las acciones, en ciertos casos, como las planteadas en los TOAR, no logran tener todavía evidencias sobre los recursos e insumos necesarios para su correcta implementación, pues no superan el desarrollo de algunos documentos orientadores carentes de elementos indispensables que garanticen una real y efectiva reparación. De igual forma, se requiere mayor precisión en la JEP sobre los lineamientos de cara a la operativización y logística de proyectos de TOAR, pues la ausencia de estas claridades genera dispersión de esfuerzos, reprocesos institucionales, desgaste administrativo, bajo cumplimiento de los objetivos del SIVJRNR y, posiblemente, ausencia de participación de víctimas en dichos procesos. De no tomar medidas urgentes, el resultado más evidente será una baja implementación en materia de reparación, y por ende, la continua insatisfacción de los derechos de las víctimas.
La capacidad reparadora de las sanciones propias y las medidas de contribución a la reparación a cargo de comparecientes ante la JEP depende, en buena medida, de que la oferta de planes, programas y proyectos resulte tan robusta como sea posible. Así pues, la participación articulada y eficiente de los agentes interesados fortalece esta oferta; sin ella, es posible que las expectativas de reparación no puedan ser adecuadamente satisfechas y que no se dé la transformación social y territorial que se espera ayude a consolidar la paz.
