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Carolina Blanco Alvarado
El Estado social de Derecho supone el restablecimiento de Derechos cuando ha sido el propio Estado el que ha incurrido en el desconocimiento o vulneración de estos. Lo anterior no es más que el reconocimiento constitucional de valores como la justicia y la equidad, propios de un Estado Constitucional como el Estado colombiano. Es por ello, que la Carta Política colombiana desde el articulo 90 prevé la responsabilidad estatal desde el escenario de la acreditación del daño antijurídico. El presente manuscrito pretende contextualizar la responsabilidad estatal cuando se afecta la buena imagen y/o la reputación de personas jurídicas de derecho privado, como consecuencia de actuaciones administrativas. Para el efecto, es importante anotar que la jurisprudencia del Consejo de Estado no ha sido univoca en la forma de compensar los daños antijuridicos causados a las citadas personas jurídicas por la situación referenciada, ya que ha evidenciado perspectivas contradictorias respecto de si la indemnización por el respectivo daño debe ser encausada como daño material o como perjuicio inmaterial. Como objetivos del presente manuscrito se ha querido contextualizar el papel de las personas jurídicas de Derecho Privado en el marco de actuaciones administrativas; identificar los derechos fundamentales desde el escenario de las personas jurídicas de Derecho Privado; desarrollar la naturaleza jurídica del Good Will; y determinar el Daño Antijurídico desde el escenario del Good Will y el Buen Nombre.
La metodología de investigación empleada en la elaboración del presente manuscrito ha sido la cualitativa, en razón a que se contextualiza la percepción jurisprudencial de las altas cortes en lo referenciado a la indemnización por daño al buen nombre y por daño al Good Will de las personas jurídicas generado por actuaciones administrativas estatales. El método de investigación empleado fue el descriptivo, en razón a que se analizó y se desarrolló el marco teórico frente a la indemnización por los daños referenciados a personas jurídicas de derecho privado por la gestión propia de actuaciones administrativas desde el escenario de la Doctrina y de la Jurisprudencia de las altas Cortes.
