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Silvia Martín Rubio
Las solicitudes de adaptación de jornada se han incrementado exponencialmente desde la pandemia. Para darles curso es necesario un estudio y valoración individualizada. En caso de que no fueran posibles, la legislación actual obliga a la apertura de un proceso negociador de quince días que deberá documentarse con la finalidad de dar trazabilidad a las distintas propuestas y contrapropuestas que hayan podido valorarse. En este artículo, abordamos el marco legal.
