Acceso usuarios
Nicolas Alberto Vasconcellos Fernández
La pandemia del COVID-19 ocasionó el cierre total del Ecuador en marzo del 2020. Dicho cierre involucró la reducción del flujo productivo y comercial de la agricultura. Este estudio se enfoca en el análisis reflexivo de la influencia de las políticas públicas sobre el sector agrícola y cómo una situación socioeconómica crítica como la generada por la pandemia puede evidenciar y agudizar inobservancias del Estado sobre la soberanía alimentaria. El estudio realizó una revisión de las políticas implementadas para lidiar con el COVID-19 en Ecuador y su impacto en la producción campesina. Los resultados muestran que el productor se vio imposibilitado de comerciar sus productos y el consumidor de adquirirlos. Se concluye que hoy, más que nunca, sobresale ante el Estado la importancia del productor campesino, quien fue el más afectado con las restricciones de movilización a nivel nacional durante el estado de emergencia. Estas condiciones denotan políticas estatales parcializadas al beneficio del agroexportador y la industria alimenticia empresarial, poniendo en una frágil situación a la agricultura campesina en situaciones de emergencia sanitaria cuando la prioridad es alimentar a la población nacional y fortalecer el sector rural que la suple.
The COVID-19 pandemic caused the total lock-down of Ecuador in March of 2020. This lock-down involved the reduction of the productive and commercial flow of agricultural produce. This study focuses on the reflexive analysis of the influence of public policies on the agricultural sector and how a critical socioeconomic situation such as that generated by the pandemic can reveal and exacerbate the State's failure to accomplish food sovereignty. This study carried out a review of the policies implemented to deal with COVID-19 in Ecuador and its impact on peasant production. The results show that the producer was unable to market their products and the consumer to acquire them. It is concluded that today, more than ever, the importance of peasant farmers stands out before the State; the former was the most affected by restrictions on human mobility nationwide during the state of emergency. These conditions show state policies biased to the benefit of the agricultural exporters and the food industry, putting peasant agriculture in a fragile situation during the health emergency situations when the priority is to feed the national population and strengthen the rural sector that supplies it.
