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Se estima que en 1994 las Instituciones Financieras Multilaterales asignaron alrededor de 40.000 millones de dólares a la adquisición de bienes y servicios y la contratación de proyectos de obra civil o industrial destinados a países en vías de desarrollo. Tales recursos, habida cuenta de otras aportaciones nacionales o internacionales, permitieron a los países beneficiarios la realización de proyectos y de adquisiciones de bienes y servicios por un valor aproximado de 100.000 millones de dólares. España aporta una parte considerable de aquellos recursos pero participa, en porcentaje muy inferior al de otros países industrializados, en los contratos de bienes y de servicios financieros con los indicados recursos. En este artículo se pretende analizar este fenómeno, señalar sus causas y aportar algunas ideas para superarlo.
