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Argentina
La Quebrada de Humahuaca es un sitio inscripto en la Lista del Patrimonio Mundial en 2003, ubicado en la Provincia de Jujuy, Argentina. La gestión del sitio enfrenta desafíos debido a la multiplicidad de competencias entre niveles estatales en Argentina, que reconocen la autonomía municipal y la coexistencia de diversos órdenes gubernamentales en un territorio. El objetivo de este trabajo es describir los instrumentos legales y administrativos que regulan la gestión del sitio, utilizando una metodología cualitativa que incluye el análisis de contenido de un corpus documental y entrevistas semi-estructuradas realizadas a actores clave. El análisis se fundamenta en un enfoque socio-jurídico que permite investigar las prácticas e instituciones jurídicas que influyen en la gestión de este sitio del Patrimonio Mundial. El texto analiza la creación de un organismo específico de gestión, destacando que además de este organismo administrativo fue necesario abrir el diálogo político con las comunidades. La creación de las Comisiones Locales de Sitio permitió integrar a las comunidades en el debate sobre la gestión del sitio patrimonial y considerar la participación ciudadana como un aspecto central en las decisiones administrativas.
The Quebrada de Humahuaca is a site inscribed on the World Heritage List in 2003, located in the Province of Jujuy, Argentina. The management of the site faces challenges due to the multiplicity of competences between state levels in Argentina, which recognize municipal autonomy and the coexistence of different governmental orders in a territory. The objective of this paper is to describe the legal and administrative instruments that regulate the management of the site, using a qualitative methodology that includes content analysis of a corpus of documents and semi-structured interviews with key actors. The analysis is based on a socio-legal approach to investigate the legal practices and institutions that influence the management of this World Heritage site. The text analyzes the creation of a specific management body, highlighting that in addition to this administrative body it was necessary to open political dialogue with the communities. The creation of the Local Site Commissions made it possible to integrate the communities into the debate on the management of the heritage site and to consider citizen participation as a central aspect in administrative decisions.
