En 2022, la inflación, los beneficios del sector y su capacidad de contribución, entre otros, llevaron a la aprobación de la ley 38/2022, de 27 de diciembre, que establece, entre otras cosas, un gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, prestación patrimonial de carácter público no tributario, que se aprueba con carácter temporal.
Javier Armentia analiza en este artículo las principales características de este gravamen, que deben pagar determinadas entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.