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Pablo Muruaga Herrero
Tras la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —ODS—, los Estados firmantes comenzaron a promover de manera continua diversas políticas con el objetivo de que los ODS fueran cumplidos y, de este modo, se garantizase el bienestar de nuestra sociedad presente y futura. Entre los diversos ODS, uno de los que más importancia tendrá a largo plazo es el noveno, relativo, entre otras cosas, a la innovación, que requiere una colaboración estrecha de los agentes públicos con los privados. Estos últimos para innovar requieren una serie de medidas que garanticen hasta cierto punto la viabilidad económica de su inversión. ¿Está nuestro sistema preparado para tan ingente tarea? En este marco, desde el año 2019 contamos en España con la Ley de Secretos Empresariales, afirmándose en su preámbulo que son herramientas altamente útiles para el fomento de la innovación. ¿Esto es realmente así? ¿Son capaces de competir ante otros derechos que tradicionalmente han copado este título de fomento de la innovación?
Following the adoption of the Sustainable Development Goals —SDG—, the signatory states began to continuously promote various policies with the aim of achieving the SDGs for the well-being of our present and future society. Among the various SDGs, one of the most important in the long term is the ninth, which relates, among other things, to innovation. This aspect necessarily requires close cooperation with private actors. To innovate, the latter require a series of measures that guarantee the economic viability of their investment to a certain extent. Is our system prepared for such an enormous task? In this context, since 2019 in Spain we have the Trade Secrets Act, which states in its preamble that they are useful tools for the promotion of innovation. Is this really the case? Are they capable of competing with other rights that have traditionally monopolised this title for the promotion of innovation?
