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Allen Panchana
, Paola Muñoz Pico, Carlos Barrera 
El desarrollo de los medios de comunicación privados que fueron incautados en Ecuador al comienzo de la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) derivó en una compleja situación económica, legal y profesional para todos ellos y para sus periodistas. Mediante la integración de tres métodos –el histórico, el análisis de política de medios y las entrevistas en profundidad– se pretende aportar una visión amplia y documentada de su origen y desarrollo. La implementación de mecanismos normativos para tejer estructuras de regulación y censura hacia los medios privados propició una reconfiguración mediática que permitió acaparar importantes empresas de comunicación de alcance nacional (televisiones, radios y revistas) dentro del paraguas estatal. Las incautaciones se suscitaron en un momento sensible como respuesta a la banca quebrada, en medio de la peor crisis económica, social y política en la historia del Ecuador. Esa banca privada era además propietaria de importantes medios de comunicación, que controlaban la opinión pública.
Las medidas legales interpuestas por los dueños originales de los medios incautados han imposibilitado su venta. Además, su precaria situación económica no les ha hecho ser objetivo apetecible de potenciales compradores. De los diecisiete medios privados en poder del Estado desde 2008, ahora llamados medios incautados, solo dos permanecen activos en 2023, mientras los quince restantes quebraron o se encuentran en proceso de liquidación. La operación, aunque provechosa para el poder político, resultó un fracaso económico y periodístico.
The case of the private media confiscated in Ecuador at the beginning of Rafael Correa’s presidency (2007 – 2017) led to complex economic, legal, and professional circumstances for the media companies and their journalists. This paper aims to share a broad and documented perspective on the origin and development of the issue at hand by combining three methods for its approach: the historical method, analysis of media policies and in-depth interviews. Implementing regulatory procedures to devise structures for adjustment and censorship towards private media promoted a media reshaping that resulted on the stockpiling of important nationwide media companies (TV, radio, and magazines) into the state-owned entities umbrella. These confiscations took place at a sensitive time for the banking system that owned several of these media, which had been affected by a severe economic, social, and political crisis. The legal actions filed by owners of the confiscated media have rendered it impossible to sell the companies. Furthermore, the precarious financial status turned them into undesirable targets for possible buyers. Out of the seventeen privates media companies owned by the government in 2008, only two are still active in 2023. The other fifteen companies went bankrupt or are currently undergoing liquidation. This measure, while advantageous for the political power, represented an economic and journalistic failure.
